Antecedentes
Los orígenes de la Gran Vía han de buscarse
en el último tercio del siglo XIX, cuando se plantean una serie de proyectos de
índole privada que tenían el propósito de mejorar la circulación en el seno de
la ciudad y promover la reforma interior del casco. El Ensanche era todavía una
realidad urbana reciente, pues el proyecto del ingeniero Carlos María de
Castro, del año 1858, tardaría años en plasmarse por completo.
Aunque los antecedentes inmediatos de la Gran Vía se remitan a
experiencias del año 1862, el verdadero precedente fue un proyecto redactado en 1886
que tenía como propósito trazar una nueva calle que conectara la de Alcalá con
la plaza de San Marcial, hoy denominada plaza de España. Para ello se ofrecían tres
itinerarios distintos como posibilidades de nuevo trazado. En otras palabras,
había que facilitar la circulación general de la ciudad sin necesidad de pasar
por la Puerta del Sol. La nueva vía destacaba, ante todo, por su anchura y desarrollo, además
de formar nuevas plazas circulares en los puntos de confluencia con las calles
más importantes del viario.
En
las mentes de los artífices del proyecto era evidente la necesidad de renovar
la trama urbana de Madrid. Otra cosa era la cara de la moneda de esa renovación:
un cúmulo de demoliciones que afectarían a más de un diez por ciento del plano
de la ciudad, un volumen de más de trescientas casas afectadas, con las quejas
y recursos de sus propietarios para impedir su derribo, y unos recursos
económicos ingentes que no se sabía de dónde sacar. El tono crítico de toda esa
propuesta urbana se condensa en el estreno de la zarzuela La Gran Vía un 2 de
julio de 1886 en el Teatro Felipe de Madrid.
La realidad acabó superando a la ficción. El proyecto, pese a contar con
la aprobación del consistorio en el pleno municipal de 3 de marzo de 1886, no
fue aplicado en los términos propuestos por el arquitecto Carlos Velasco. Las
causas descansan en los costes de los derribos y en el procedimiento fijado
para establecer las indemnizaciones a los distintos propietarios afectados por
el proyecto de reforma. Con el tiempo, se sucedieron propuestas para la
formación de una comisión que valorara la idoneidad de las expropiaciones
proyectadas, la solicitud al Gobierno para que aprobara que la obra se
realizara de acuerdo a su utilidad pública y, con ello, declarara por ley las
expropiaciones necesarias, dictámenes del Consejo de Estado, etcétera. La Gran Vía vería finalmente
luz verde cuando el Gobierno, en Real Decreto de 27 de abril de 1901, declaraba
que el proyecto de la Gran
Vía se ajustaba a los contenidos de la nueva ley para
Saneamiento, Reforma y Ensanche Interior de las grandes poblaciones, de 18 de
marzo de 1895.
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